Por nuestro socio Dr. Carlos M. Gonzalez Guerra.
La republica argentina sufrió en los últimos 5 años una profunda reforma del sistema de
justicia penal. En el marco de una agenda de reformas muy ambiciosas, algunas de ellas logradas con
éxito, se destaca la conocida como Ley de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por delitos
contra la administración pública – Ley 27.401-. Dicha ley, si bien no fue la primera en implantar la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina, sí que ha sido el paso ley necesario para que
se comenzaran a desarrollar en el país los programas de cumplimiento y el Compliance en general. La ley,
obliga en algunos casos a las empresas a implementar sistemas de Compliance y en otros lo pone como
requisitos para obtener una disminución o incluso exclusión de la pena por posibles delitos cometidos en
este contexto. Por su parte, la Oficina Anticorrupción de la República Argentina desarrollo un documento
con sugerencias de pautas concretas para la implementación de los programas de cumplimiento o
integridad dentro de las empresas. De los varios temas que surgen de la ley y del refuerzo realizado en los
Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la
Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas se destaca el tema de las Investigaciones
Internas que es el punto al cual se le dedican unas líneas en especial en este trabajo.
